Margarita Serrano
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Recorrido por las principales cuestiones éticas y/o de buena praxis aplicables a todas las actuaciones relacionadas con los procedimientos de provisión de apoyos a personas con discapacidad.
I. Actitud ante posibles conflictos de intereses.
Es excepcional que puedan producirse situaciones en las que exista real «conflicto de intereses», propiamente dicho, entre la Fundación prestadora de apoyos y la persona que los recibe. 
Podrá existir «divergencia de opiniones» e incluso cierto conflicto acerca de alguna decisión particular, pero esto no es propiamente un «conflicto de intereses» en el sentido al que se refiere el artículo 12.4 de la Convención y que reitera hoy el Código Civil, especialmente en los artículos 270 y 283. De producirse situaciones tales, entre la persona a la que se presta el apoyos y la entidad que los desempeña, deben ser resueltos siempre teniendo en cuenta, como objetivo esencial y preferente, el interés de la propia persona, y conociendo y dando cumplimiento a su voluntad y preferencias. Si fuera necesario, por la naturaleza del conflicto existente y su posible persistencia, convendría plantearse la procedencia de solicitar la excusa en el ejercicio del apoyo.
II. No sustitución de la persona con discapacidad.
El papel de la entidad prestadora de apoyos debe ser ayudar a la persona en la toma de decisiones: apoyarle para que pueda desarrollar su propio proceso de de toma de decisiones y no sustituirle.
Sin embargo, y como todos adoptamos las propias decisiones condicionados por las circunstancias existentes (medios económicos, posibles consecuencias, efectos para mí o para otros…), no constituye un problema que, en el indicado proceso de ayuda a que la persona precisa los apoyos decida, se le muestren los condicionantes de cada una de las opciones que se le presentan. Así, las entidades que presten los apoyos deben actuar atendiendo a la «voluntad, deseos y preferencias» de quien lo requiera, ofreciéndole a la persona apoyada, al mismo tiempo, los datos objetivos que condicionen cualquier decisión, informándole, ayudándole en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro (artículo 249 Código Civil). En este sentido, apoyarle para que adopte sus propias decisiones en el ámbito económico o patrimonial, por ejemplo, supone la necesidad de hacerle consciente de cuáles son sus posibilidades, limitaciones y riesgos; de la misma forma que apoyarle en el ámbito de la salud supondrá ayudarle a que tenga buenos hábitos sanitarios.
III. Transparencia al prestar apoyos en la gestión de bienes y derechos.
En la adquisición o contratación de bienes y servicios para la persona a la que se preste apoyos, la Fundación tendrá en cuenta siempre la voluntad y preferencias de aquélla, u optará por los de mejor calidad y valor, adecuando tal decisión a la propia capacidad económica de la persona apoyada. La actuación debe regirse por el principio indicado y debe apoyarse en criterios de transparencia, de manera que siempre se pueda acreditar que el proceso de conformación de la voluntad y de adopción de la decisión se ha atenido a dicha regla de conducta. Para el caso de que la situación económica de la persona apoyada no le permitiese acceder efectivamente a los bienes o servicios que precise, la Fundación velará también por acceder, en la medida de lo posible, a medios económicos que puedan permitirlos.
(continuará)
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Margarita Mª Serrano Secilla Letrada colegiada nº 2.786 ICA Córdoba
Creadora de Mayores Abogacía: Despacho Especializado en Protección Jurídica del Mayor
Discapacidades
Mediación Familiar y Mediación En Atención y Largos Cuidados
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