Margarita Serrano
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I. Los poderes públicos, aunque en su caso garanticen la suficiencia económica de las personas mayores, cosa que no siempre ocurre, lo que no pueden solucionar es las situaciones de soledad y desamparo de los ancianos, así como la necesidad de atención más personalizada, que aumenta de manera progresiva.
II. Una de las posibilidades de que disponen las personas mayores para obtener esta asistencia personal es la ofrecida por el contrato tradicionalmente llamado «contrato de vitalicio», y que a partir de la Ley 41/2003 se regula como contrato autónomo.
De manera que podemos decir sencillamente que, el contrato de alimentos consiste en que, una persona se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a otra, durante toda su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes o derechos.
III. Este contrato no se debe confundir con la obligación legal de alimentos entre parientes, regulada en los artículos 142 a 153 del Código Civil, por lo que, no es necesario que la persona que decide realizar el contrato se encuentre en estado de necesidad económica, como sí lo es en la obligación de alimentos para poder reclamar de sus parientes con posibilidades dinerarias, una pensión de alimentos para subsistir. Todo lo contrario, puede ocurrir que la persona interesada en el contrato de alimentos tenga bienes suficientes, pero lo que realmente necesita sea compañía y atención cercana por no tener familia o teniéndola, no se dedican al cuidado de sus mayores, de hecho es normal que el contrato se realice entre padres e hijos, aunque no es requisito el parentesco.
En nuestro país es en Galicia donde más se está llevando a cabo, en otros países como Suiza, Italia y Alemania es una figura bastante conocida por el buen resultado que da y está muy desarrollada su regulación.
Próxima semana: Continuación.
