«Cuando una persona mayor ingresada en un centro de tercera edad sufre una incapacidad sobrevenida que le impide realizar con normalidad las actividades de la vida diaria o tomar decisiones, ¿es responsabilidad del director del centro comunicar esta situación al juzgado de referencia? ¿debería comunicarlo previamente a la familia? ¿su acción dependería de la autorización de la familia o podría actuar aún sin dicha autorización para protección de la persona? ¿debería solicitar auto de internamiento, o este procedimiento dependería del juez y fiscal y sería posterior a la comunicación de presunta incapacidad? En este caso la consulta se refiere a la Comunidad Valenciana pero entiendo que el procedimiento sería común al resto de comunidades. Quedo a la espera de su respuesta. Gracias por adelantado y saludos cordiales».
I. El director del centro es guardador de hecho de las personas que residen en el mismo, por lo que tiene obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o del Juzgado correspondiente las situaciones de este tipo que aparezcan en sus guardados. En este caso la discapacidad sobrevenida de la que habla.
Observe que he sustituido la palabra «incapacidad» que usted emplea en su consulta por la palabra «discapacidad», y es que a la persona a la que se refiere le ha sobrevenido una discapacidad, una imposibilidad de realizar actividades comunes y necesarias de la vida diaria que en mayor o menor medida le puede impedir su propio gobierno. Para que una discapacidad pase a ser incapacidad, han de concurrir una serie de requisitos especiales y debe declararlo un juez en sentencia.
A grandes rasgos, creo poder decir que existe una situación de Guarda de Hecho cuando una persona física o una institución presta espontáneamente a una persona desvalida (menor, incapacitado, anciano, etc…) los cuidados y atenciones necesarios sin que medie sentencia o resolución administrativa que así lo disponga.
O simplemente: se dice que existe Guarda de Hecho, cuando una persona desvalida es atendida por otra de manera natural, sin haber sido investida de la condición de tutor.
Puede y debe actuar si existe una situación de peligro o vulnerabilidad por dicha condición de guardador de hecho.
II. En el momento de ingresar una persona en centro residencial han de quedar claros todos los aspectos que ello conlleva y uno de ellos es la posibilidad de que aparezca un deterioro en la persona, que, en el momento de su ingreso no existía.
No es obligatorio que previamente lo comunique a la familia, a no ser que estuviera previsto, aunque es bueno que tenga una comunicación fluida con los familiares que se acerquen por dicho centro o quien se haya indicado como persona de referencia. Dependerá siempre de las circunstancias familiares que tenga la persona ingresada.
III. Respecto a su última pregunta: «¿debería solicitar auto de internamiento, o este procedimiento dependería del juez y fiscal y sería posterior a la comunicación de presunta incapacidad?»
En una residencia se ingresa por propia voluntad, si se está en condiciones de decidir por uno mismo. En otro caso, el ingreso requiere una autorización judicial que se dará tras un procedimiento específico para ello.
Como dicha persona ya reside, se entiende en principio que el internamiento fue voluntario por lo que procedería comunicar a Fiscalía la posible vulnerabilidad y situación de peligro y velará por la legalidad del ingreso. Así de sencillo.
Si el ingreso no hubiese sido voluntario, sería todo muy diferente.
«Los males previstos resultan menores»
Séneca
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